El 5 de diciembre es el día límite para que las empresas europeas de más de 250 trabajadores y una facturación superior a los 50 millones de euros presenten una auditoría de eficiencia energética que permita detectar potenciales focos de ahorro eléctrico. Es una obligación marcada por una directiva europea aprobada en 2012. Pero en España hay un problema: el Gobierno no ha adaptado la norma, por lo que las compañías afectadas no saben a qué tipo de evaluación someterse ni a qué Administración (autonómica o estatal) presentar la documentación.
El Ministerio de Industria asume a través de un correo electrónico que la tramitación administrativa del proyecto de real decreto que dará cobertura legal a esas auditorías “continúa en curso” y evitan dar una previsión de fecha para tenerla aprobada. El sector de las certificadoras tiene dudas de que, si se aprueba a tiempo, se puedan realizar las auditorías a las 2.100 empresas en los meses que quedan hasta diciembre. Desde Bureau Veritas, una de las compañías que tendrá que elaborar esas auditorías, señala que “las compañías van a disponer de poco plazo y los técnicos cualificados para realizar estas auditorías pueden resultar insuficientes” ante la rapidez con la que se tendrá que empezar a realizar los trabajos. Industria admite que el decreto que está pendiente de aprobación —debía estar aprobado en junio pasado— marcará las características que tendrán que cumplir “las auditorías energéticas, la acreditación de los proveedores de servicios y auditores energéticos y contabilización de consumos energéticos”.
Es decir, que antes de que las evaluaciones puedan efectuarse se tendrán que superar otras tramitaciones burocráticas. Las comunidades autónomas podrían entrar en la tramitación si se repite el modelo de los certificados de eficiencia energética de los edificios, cuyo registro asumieron. Pero la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, no tiene conocimiento de ello.
La directiva se marca como objetivo mejorar un 20% la eficiencia energética de la Unión Europea en el horizonte de 2020. El mismo texto asume la dificultad de lograr un hito marcado en el Consejo Europeo de 2007. El retraso con el que va el Gobierno en la tramitación legislativa puede agravar el problema, además de la posibilidad de que la Comisión Europea abra un expediente sancionador y acabe imponiendo una multa al Estado.